Informe de Coyuntura N° 44

PRESUPUESTO PROVINCIAL

Distribución Funcional

El análisis de los presupuestos de las administraciones públicas son un fuerte instrumento a la hora de dilucidar acerca de las prioridades con que asigna el estado la atención de las necesidades de la población.

El presupuesto provincial, recientemente aprobado, asciende a más de 48.730 millones de pesos, de estos recursos, los recursos corrientes representan un 81,49%, los recursos de capital un 11,52% y los recursos provenientes de fuentes financieras representan un 6,9%.

De los recursos corrientes (que puede tener de libre disponibilidad) un 74,52% provienen de Nación, 27.390 millones de impuestos nacionales que se coparticipan y 2.206,4 millones de pesos, pertenecientes a otras transferencias nacionales. Lo que implica una marcada dependencia de la administración provincial con respecto a las transferencias nacionales. Esta dependencia, casi estructural, no se ha visto modificada, pese a un incremento de la presión tributaria provincial.

De los recursos de capital, la participación de las transferencias nacionales es mayor al 82,17%. Siendo 4.614 millones, de los 5.615 totales presupuestados con esta finalidad.

Asignación de los gastos

Con respecto a los gastos, los mismos vacían los recursos, es decir, son de la misma cuantía, en este periodo, los mismos llegan a más de 48.730 millones de pesos.

El gasto en Personal sigue siendo la mayor erogación que tiene la administración nacional, en este presupuesto, se estima que dicho gasto llegará al 46,79% de la totalidad de los recursos. Sin embargo, lo que preocupa es que la provincia se  encuentra a un paso de incumplir con el Art. Nº 4 de la Ley Provincial 7.030 de Responsabilidad Fiscal de la Provincia, en este articulado, se expresa que la partida de los gastos en personal no podrán superar el 65% de los recursos corrientes netos de la administración provincial.

Durante el 2017, el gobierno está presupuestando un gasto en personal que representa el 64,60% es decir 40 décimas a incumplir la ley.

El gasto en obra pública se estima en más de 6.606 millones, es decir un 13,56% del presupuesto, de los cuales 4.614 millones aporta la Nación, es decir, que el 70% de los recursos destinados para obra pública provendrán de la administración nacional.

La Distribución antes mencionada se puede ver en el gráfico a continuación:

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Concentración de los recursos y autonomía municipal

Asimismo se debe prestar especial atención a las transferencias a la totalidad de los municipios salteños dado a que la provincia, tan solo distribuirá un 9,75% de la totalidad de los recursos. En este punto hay que detenerse, dado que resulta de manera urgente un tratamiento del decreto ley 5.082  y modificar el régimen de coparticipación vigente, dado a que de los recursos con los que cuenta la provincia, la misma concentra el 90,25% mientras que para la totalidad de las administraciones subprovinciales, sólo se destina un 9,75%.

Se tiene que tener en cuenta a su vez que en este presupuesto se contempla la devolución Ley 7930, por la que en este año, Nación, transferirá a la provincia 1.411 millones de pesos adicionales.

Como puede verse, este presupuesto no involucra una asignación de recursos diferentes a las de años anteriores, mostrando una preeminencia del gasto en personal y una menor participación de la inversión en obra pública, la que en su mayoría depende de transferencias nacionales. Sino que también, pese a propugnar un mayor incremento de las transferencias a los municipios, se encuentra aún la provincia concentrando más del 90% de los recursos con los que cuenta.

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Nota de Análisis N° 12

EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LABORAL

Cuando el Género y la Edad Inciden

La trata de personas con fines de explotación sexual y laboral constituye una grave violación a ciertos derechos fundamentales: la libertad, la salud, la educación, la identidad, etc. Es una actividad con fines de explotación lograda a través de medios que se sustentan en una vulnerabilidad previa de las víctimas.

Es pertinente recalcar que las victimas poseen ciertas características que se le son propias y otras compartidas, que van desde el género, la edad como así también “situación de vulnerabilidad”, entes mencionada, en la que mayormente se encuentran.

Por ejemplo, se considera que un denominador común es que las mujeres han manifestado ser madres, con hijos a cargo, y con graves problemas económicos. Esta situación en la que están inmersas devienen en factores determinantes al momento de aceptar alternativas laborales precarias, ambiguas, imprecisas o que suponen un alejamiento de sus familias y sus redes de contención más próximas.

Según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a nivel nacional, del total de denuncias que ha recibido la línea 145 desde agosto de 2015 a abril de 2016 el 45% están vinculadas a la explotación sexual, el 20% a la laboral y el 13% a la búsqueda de personas. En este punto es pertinente destacar que el 71,8% de los casos judicializados en nuestro país sobre trata laboral surgieron a raíz de una denuncia previa, ya sea por parte de una víctima involucrada o una persona externa al hecho.

Dentro de los casos judiciales de trata, en Argentina, el 70% de estos remiten a causas de explotación con fines sexuales. Esta variante, respecto a otras, posee un fuerte sesgo de género, ya que se calcula que el 99% de las víctimas son mujeres y un 25% de éstas son menores de 18.

En cuanto a la trata con fines de explotación laboral abarca aproximadamente el 30% de los casos judiciales y a la inversa de la trata con fines de explotación sexual, se calcula que el 60% de las víctimas son varones y el 40% restante mujeres. En cuanto a la edad de las victimas el 15% es menor de 18 años y los rubros donde se visibiliza más es en el trabajo textil y en el rural.

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Los datos antes expuestos permiten visibilizar el alto porcentaje de personas menores de edad que son víctimas de prácticas de trata, calificando a esto como un 40% de explotación infantil en el país. Como así también la mayor presencia femenina en la trata con fines sexuales en contraposición a la trata con fines laborales, que posee una mayoría masculina.

El sexo, la edad y una situación previa de vulnerabilidad socioeconómica son variables que hay que contemplar al momento de pesar la problemática. Es necesario enfocar la lucha contra esta problemática en el logro de buenas políticas y leyes que persigan el delito de trata y a su vez educar e informar a la sociedad con el fin de revertir prácticas culturales que favorecen la explotación o el sometimiento de unos sobre otros, siempre desfavoreciendo a los mas indefensos.

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